En cuestión de semanas, operar una app de transporte en Argentina pasó de zona gris a tablero de ajedrez. Nación reguló por decreto, la Justicia porteña marcó la cancha y los municipios de la Costa juegan cada uno su propio partido. Operar legal hoy es, antes que nada, saber en qué jurisdicción estás parado.

Nación: el Decreto 407/2026

Publicado el 1 de junio de 2026, el Decreto 407/2026 puso a Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa bajo un nuevo “Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas”. La autoridad de aplicación es doble, cada una en su competencia: la Secretaría de Transporte (Ministerio de Economía) en lo que hace al servicio, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Ministerio de Capital Humano) en lo laboral. No es casualidad: el régimen forma parte de la reglamentación de la reforma laboral —la Ley de Contrato de Trabajo—, y eso explica el encuadre de conductores y repartidores como trabajadores independientes.

CABA: equiparadas a taxis y remises

Pocas semanas antes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña cerró una causa de diez años (la 3065/2016) con una sentencia del 30 de abril de 2026: los conductores de apps en la Ciudad deben cumplir requisitos equivalentes a los de taxis y remises. En la práctica, eso significa licencia de conducir profesional, seguro específico de transporte de pasajeros y habilitación. El fallo también ordenó al Gobierno porteño supervisar la actividad y cobrar impuestos a las plataformas. Y un matiz clave: la decisión es provisional. Si la Legislatura porteña dicta una norma específica para las apps, el fallo pierde vigencia de forma automática. O sea: ni siquiera en CABA la regla es estable, lo que refuerza la idea del rompecabezas.

“Donde el gigante choca de frente con cada regulación, el operador local que ya está en regla simplemente trabaja.”

La Costa: un mosaico que hierve

Y acá empieza lo interesante, porque el fallo porteño no llega a la Costa: la provincia regula municipio por municipio. Mar del Plata prohíbe las apps por ordenanza desde 2019 y aun así no logró que desaparecieran; el último verano hubo operativos contra la ilegalidad. Hoy conviven al menos tres proyectos de ordenanza en pugna —entre ellos una propuesta de “Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas” que abarcaría taxis, remises, agencias y plataformas, y modificaciones a las ordenanzas 4471 de taxis, 9294 de remises y 23928—, todos trabados en comisión sin votarse, esperando pedidos de informes al municipio. A eso se suman una propuesta de tasa del 1% sobre la facturación de las plataformas, una demanda de ocho taxistas por 848 millones de pesos por competencia desleal y hasta una sesión del Concejo que terminó a las piñas. Mientras tanto, Uber anunció su desembarco en Pinamar, Villa Gesell, La Costa y Mar Chiquita, varios de ellos con ordenanzas que lo prohíben.

El problema real: no hay una regla, hay un rompecabezas

Un operador que quiera trabajar en la Ciudad, Mar del Plata y Pinamar no enfrenta una norma: enfrenta tres regímenes distintos, con registros, requisitos y tasas propios, y que además cambian. La dificultad no está en cumplir una regla, sino en cumplir muchas a la vez sin equivocarse de jurisdicción.

Por qué esto juega a favor del operador local

Las grandes plataformas llegan con un molde único y chocan contra cada ordenanza. Un operador local con la herramienta adecuada hace lo contrario: se adapta. Esa es la apuesta de Seere. Al ser multi-tenant y configurable por jurisdicción, cada operador define los requisitos de su zona —qué licencia y qué seguro exigir a cada conductor, qué habilitación verificar, cómo integrarse con el régimen local de taxis y remises— y la plataforma puede frenar a quien no cumple antes de que tome un viaje.

Así el cumplimiento deja de ser una carga administrativa y se vuelve parte del producto: la diferencia entre operar siempre con un pie en la ilegalidad y trabajar tranquilo en cada ciudad. En un país donde la regla cambia de municipio en municipio, esa capacidad de adaptarse es la ventaja.